lunes, 22 de septiembre de 2014

DEBERES DEL DEFENSOR JUDICIAL AD LITEM-Caso patrocinado-

¡Caso en que la Juez declara en la sentencia la confesión ficta del demandado por no que el defensor judicial ad litem no dio contestación a la demandada.
La sentencia recurrida al  fundamentarse en la confesión ficta, confesión ficta imputable únicamente al defensor judicial designado para la representación y defensa de mis intereses en el juicio de marras, infringió mi Derecho a la Defensa, a la Tutela Judicial efectiva y al Debido Proceso, puesto que la Juez a quo debió reponer la causa al estado de que se diera contestación a la demanda, debidamente asistido o representado por un profesional del derecho, y ordenar la apertura a mi favor de los lapsos procesales  subsiguientes, puesto que la asistencia jurídica de un profesional del derecho, es una garantía constitucional procesal que consagra el artículo 49 ordinal 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que se activa en todo proceso jurisdiccional o administrativo (sólo en materia de amparo constitucional se permite su interposición sin asistencia de abogado), por lo que, la falta de asistencia letrada en los procesos judiciales o administrativos configura una lesión a la garantía constitucional del debido proceso, así como el derecho a la defensa, en la medida en que el ciudadano con su exposición o intervención sufra perjuicios como consecuencia de su falta de conocimientos técnicos, legales y procesales, falta de técnicas, desconocimientos del sistema procesal de los mecanismos de las pruebas entre otros´ (Humberto Bello Tabares. TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y OTRAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROCESALES)…”.; si bien es cierto toda persona está obligada a conocer el derecho sustantivo, pero el lego en material judicial no tiene la obligación de conocer la técnica del proceso, por eso la asistencia legal está reservada a los profesionales del derecho, quienes formamos parte del sistema de justicia y quienes debemos prestar nuestros conocimientos en la defensa del justiciable, complementando la incapacidad del ciudadano carente de conocimientos técnicos; en definitiva es nula toda actuación del justiciable sin la debida asistencia del abogado en cualquier estado o fase del proceso administrativo o judicial, más aún en un acto tan fundamental y esencial como es la contestación a la demanda, pues de allí se deriva toda la defensa del justiciable demandado, es la base  de toda su defensa en el proceso, así como la demanda es la base de toda la pretensión del accionante en el juicio.
En este sentido, resulta procedente resaltar lo que sobre tal circunstancia ha expresado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 531, de fecha 14 de Abril de 2.005, caso Jesús Rafael Gil Márquez, con ponencia del Magistrado Arcadio de Jesús Delgado Rosales, donde se expresó lo siguiente: “…la designación de un defensor ad litem se hace con el objeto de que el demandado que no pueda ser citado personalmente, sea emplazado y de este modo se forme la relación jurídica procesal que permita el desarrollo de un proceso válido, emplazamiento que incluso resulta beneficioso para el actor, ya que permite que la causa pueda avanzar y se logre el resultado perseguido como lo es la sentencia; el abogado que haya sido designado para tal fin juega el rol de representante del ausente o no presente, según sea el caso y tiene los mismos poderes de un apoderado judicial, con la diferencia que, su mandato proviene de la Ley y con la excepción de las facultades especiales previstas en el artículo 154 del Código de Procedimiento Civil. Por tanto, mediante el nombramiento, aceptación de éste, y respectiva juramentación ante el Juez que lo haya convocado, tal como lo establece el artículo 7 de la Ley de Juramento, se apunta hacia el efectivo ejercicio de la garantía constitucional de la defensa del demandado a la que se ha hecho, por tanto, mediante el nombramiento, aceptación de éste, y respectiva juramentación ante el Juez que lo haya convocado, tal como lo establece el artículo 7 de la Ley de Juramento, se apunta hacia el efectivo ejercicio de la garantía constitucional de la defensa del demandado a la que se ha hecho mención. Sin embargo en el caso de autos, el abogado designado como defensor del demandado no cumplió con los deberes inherentes a su cargo, puesto que se evidencia del estudio hecho a las actas, que una vez aceptado el cargo y juramentado para el cumplimiento de dicha actividad, su participación en la defensa de los derechos de su representada fue inexistente, ya que el mismo no dio contestación a la demanda interpuesta y ni siquiera impugnó la decisión que le fue adversa a dicho representado; por lo que visto que el defensor ad litem tiene las mismas cargas y obligaciones establecidas en el Código de Procedimiento Civil con respecto a los apoderados judiciales, esta negligencia demostrada por el abogado Elvis García H., quien juró cumplir bien y fielmente con los deberes impuestos, dejó en desamparo los derechos de la entonces demandada. Aunado a lo anterior, considera esta Sala que el Juez como rector del proceso debe proteger los derechos de la justiciable, más aún cuando ésta no se encuentra actuando personalmente en el proceso y su defensa se ejerce a través de un defensor judicial, pues como tal debe velar por la adecuada y eficaz defensa que salvaguarde ese derecho fundamental de las partes, por lo que en el ejercicio pleno de ese control deberá evitar en cuanto le sea posible la transgresión de tal derecho por una inexistente o deficiente defensa a favor del demandado por parte de un defensor ad litem.
Asimismo, ha sido criterio de la doctrina que el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil constriñe al Juez a evitar el perjuicio que se le pueda causar al demandado, cuando el defensor ad litem no ejerce oportunamente una defensa eficiente, ya sea no dando contestación a la demanda, no promoviendo pruebas o no impugnando el fallo adverso a su representado, dado que en tales situaciones la potestad del juez y el deber de asegurar la defensa del demandado le permiten evitar la continuidad de la causa, con el daño causado intencional o culposamente por el defensor del sujeto pasivo de la relación jurídica procesal en desarrollo; por lo que corresponderá al órgano jurisdiccional -visto que la actividad del defensor judicial es de función pública- velar por que dicha actividad a lo largo de todo el iter procesal se cumpla debida y cabalmente, a fin de que el justiciable sea real y efectivamente defendido.
En el caso bajo análisis observa esta Sala que, si bien es cierto que el Juzgado Primero de Primera Instancia realizó todo lo conducente en un principio para la tutela del derecho a la defensa del demandado, como lo reflejan sus intentos de citación, y vista su imposibilidad el posterior nombramiento de un defensor ad litem, aquel al avistar el cúmulo de omisiones por parte del defensor judicial que devenían en una violación del derecho a la defensa del demandado ausente, debió en la oportunidad de dictar su decisión de fondo, como punto previo, reponer la causa al estado en que dejó de ejercerse eficientemente la defensa del demandado, actividad que podía perfectamente realizar atendiendo a lo establecido en el artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dado que, con la declaratoria con lugar de la demanda, con fundamento en la confesión ficta del demandado –por la omisión del defensor ad litem- vulneró el orden público constitucional, cuya defensa
indiscutiblemente correspondía a dicho órgano jurisdiccional.
Ciertamente, es necesario señalar que esta Sala a través de su fallo N° 967 del 28 de mayo de 2002, en un caso análogo, indicó que bastaba con el nombramiento y posterior juramentación del defensor ad litem por parte del órgano jurisdiccional, para garantizar el derecho a la defensa de la parte demandada en juicio; sin embargo, el 26 de enero de 2004, al asumir un nuevo criterio, esta Sala fue más allá y estableció mediante decisión N° 33, que “(…) la función del defensor ad litem, en beneficio del demandado, es el de defenderlo, el que el accionado pueda ejercer su derecho de defensa, lo cual supone que sea oído en su oportunidad legal. De allí, que no es admisible que el defensor ad litem no asista a contestar la demanda, y que por ello se apliquen al demandado los efectos del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil. El defensor ad litem ha sido previsto en la ley (Código de Procedimiento Civil), para que defienda a quien no pudo ser emplazado, no para que desmejore su derecho de defensa. (...omisis...) Si el defensor no obra con tal diligencia, el demandado queda disminuido en su defensa, por lo que la decisión impugnada, que no tomo en cuenta tal situación, infringió el artículo 49 constitucional y así se declara”.


 

viernes, 19 de septiembre de 2014

CONDICIONES DE PROCEDENCIA PARA QUE SEA ACORDADA UNA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSION DE EFECTOS- SALA POLITICO ADMINISTRATIVA


 
No basta con que el recurrente alegue in genere los perjuicios que le ocasionaría la aplicación de la normativa cuya suspensión solicita, sino que es necesario que se aleguen hechos concretos de los cuales nazca la convicción de un perjuicio real y personal para él, correspondiendo a éste probar suficientemente la existencia del daño y la imposibilidad o dificultad de su reparación futura para llevar a la convicción de esta Sala de la existencia de tales circunstancias

viernes, 18 de octubre de 2013

RECURSO DE CASACION-sentencia y consideraciones-


 
A continuación les publico una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia referida a la incorrecta forma de preparar y presentar un Recurso de Casación.

El abogado por lo general cuando estudia una sentencia que le ha sido desfavorable, se concentra en buscar los defectos y vicios que en su criterio presenta la sentencia que le fue contraria a su accionar, es lo correcto, pero ello puede llevarlos a no analizar de manera objetiva los vicios que pueda presentar y al preparar el recurso tiende a englobar todos los vicios en una misma denuncia, sin respetar la técnica casasional, considerando que mientras mas información de al tribunal sobre los vicios que en su criterio están en el punto tratado, mas atención obtendrá, y mas oportunidades tiene de que el recurso sea declarado con lugar.

Lo mas recomendable es que se analicen los vicios que presenta la sentencia, si a su criterio son muchos y en el caso de la Casación Laboral esta constreñido a presentarla en seis paginas con sus vueltos, debe estudiar cuales son los vicios mas importantes que presenta la sentencia, o sea aquellos que pueden determinar que la sentencia sea casada, y desechar los menos importantes, pues no necesariamente el recurso debe contener todos los vicios que tiene la sentencia, sino los que fueron determinantes en la decisión que le es desfavorable.

Luego debe agrupar los vicios por quebrantamiento de forma, inmotivación, silencio de prueba, falsa aplicación,  falta de aplicación, entendiendo que  una sentencia no necesariamente debe contener todos los vicios anteriormente citados, luego de ello debe analizar la jurisprudencia de cada rublo; recomiendo que al estudiar la jurisprudencia no se limite a las que casa sentencias que en su opinión son similares a la suya, sino que analice primero las que siendo similar a su caso son declaradas sin lugar o perecidas, y allí podrá deducir las fallas en las técnicas utilizadas en la redacción del recurso, y preparar un adecuado recurso de casación.

En un próximo artículo desarrollare la forma correcta  que en mi criterio debió redactarse el recurso de casación que publico

1°) RECURSO POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA

 

                         -D E N U N C I A

Invoco como primer motivo de nulidad contra la sentencia recurrida, la falta de cumplimiento del requisito establecido en el ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo dispuesto en el artículo 313, ordinal 1° ejusdem.

La violación denunciada responde a la existencia de un vicio en la sentencia recurrida conocido técnicamente por la casación como VICIO DE INMOTIVACIÓN, vicio éste el cual obstaculiza el control del dispositivo, pues no podrán en su momento ni el juez de la apelación, ni la casación, verificar la legalidad de lo decidido. (...). En la sentencia recurrida observamos que el análisis de las testificales de los ciudadanos (...), promovidos por la parte actora, no se llevó a cabo con el rigor científico que exige el artículo 508 del Código de Procedimiento                           

Civil

(...)". (Sic). 

 

             La Sala de Casación Social en reiterada jurisprudencia ha manifestado el deber por parte de los recurrentes en casación de cumplir con los requisitos establecidos por la Ley para presentar el escrito de formalización, del cual se deriva que el formalizante al presentarlo, debe cumplir con una adecuada técnica casacional para formalizar el recurso, de manera que lo expuesto en dicho escrito sea diáfano, conciso, concreto y cumpla con los requisitos que establece la Ley para explicar en base a que norma y porqué la sentencia impugnada adolece de vicios capaces de anular el fallo.

 

             Ahora bien, de la delación sub iudice se infiere que el recurrente denuncia "la falta de cumplimiento del requisito establecido en el ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo dispuesto en el artículo 313 ordinal 1° ejusdem.", cuando la forma correcta de realizar dicha delación es denunciar la infracción de los artículos que el considero conculcados, y no denunciar la violación o la falta de cumplimiento, del ordinal 1ro del artículo 313, como lo hizo, pues dicho artículo no se viola, sólo da los supuestos para que se materialicen dichas delaciones, pues lo contrario acarrearía a la Sala la necesidad de descifrar lo que el formalizante desea denunciar, cuando es deber del mismo presentar los argumentos y denuncias de una forma concreta y precisa, los cuales permitan a la Sala conocer y resolver sobre los vicios de forma o de fondo de que adolezca el fallo impugnado. Aunado a esto, se desprende de la misma una mezcla de denuncias, imposibilitando a la Sala conocer lo que ciertamente pretende delatar quien formaliza el presente recurso de casación; ello en razón de que han surgido serias dudas en torno a que tipo de denuncia realmente se formula, estimando esta Sala Especial Agraria que el formalizante ha quebrantado formas esenciales en la realización de su denuncia, incumpliendo así con la técnica  establecida en el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil para la debida formalización, lo que deriva en la imposibilidad de la Sala de entrar al conocimiento de la misma.

          DENUNCIA  POR QUEBRANTAMIENTO DE FONDO

 

                     -D E N U N C I A-

 

Invoco como segunda causa de nulidad contra el fallo recurrido, el error de interpretación en cuanto al contenido y alcance de una disposición expresa de la Ley y la falsa aplicación de una norma jurídica, a tenor de lo dispuesto y establecido en el artículo 313 ordinal 2° del Código de Procedimiento Civil.

(Sic).  La violación denunciada responde a la existencia de un vicio cuando la sentencia

recurrida le desconoce validez y relevancia jurídica al documento protocolizado

(...), NO LA INTERPRETO EN EL SENTIDO DE QUE CONSIDERE QUE DICHO INSTRUMENTO DEMUESTRE POSESIÓN, por parte de mi mandante BERNABÉ APARICIO GIMENÉZ, pero si como elemento probatorio adminiculado al resto del acervo probatorio que cursa en autos del expediente respectivo, (...). (Sic).

                   

                        -C O N C L U S I Ó N-

 

Por todas y cada una de las razones anteriormente expuestas considero formal y

categóricamente que la sentencia recurrida adolece de vicios de INMOTIVACIÓN por falta de cumplimiento del requisito establecido en el ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo dispuesto y establecido en el ordinal 1° del artículo 313 ejusdem; y de ERROR DE INTERPRETACIÓN  en cuanto concierne al contenido y alcance de una disposición expresa de la Ley y falsa aplicación de una norma jurídica, a tenor de lo establecido en el artículo 313, ordinal 2° ibidem". (Sic).

            

               Para decidir, la Sala observa:

            

             El formalizante en la presente denuncia, delata "como segunda causa de nulidad contra el fallo recurrido, el error de interpretación en cuanto al contenido y alcance de una disposición expresa de la Ley (...), a tenor de lo dispuesto y establecido en el artículo 313 ordinal 2° del Código de Procedimiento Civil". (Sic). Pero desprendiéndose de la misma, la falta de técnica casacional por parte de quien formaliza el presente recurso de casación, omitiendo dicho recurrente denunciar el artículo que a su parecer estuviese inmerso en el error de interpretación, si lo que quería denunciar era un error acerca del contenido y alcance de una disposición expresa de la ley; inclusive, manifiesta que el error de interpretación surge respecto al supuesto desconocimiento por parte de la Jueza de la recurrida de la validez y relevancia jurídica del documento que aduce como prueba instrumental, siendo que el error de interpretación debe versar sobre normas jurídicas establecidas en la Ley, no sobre pruebas traídas al juicio; demostrándose de esta manera, la indeterminación por parte del recurrente de las denuncias que desea formular.

            

             Por otra parte, en la misma denuncia el recurrente invoca como "causa de nulidad contra el fallo recurrido (...), la falsa aplicación de una norma jurídica (...)", cuando lo correcto sería, realizar por separado dichas delaciones, en el supuesto de que no esté denunciando casación sobre los hechos; y en este caso concreto, debió mencionar él o los artículos que consideró que habían sido aplicados falsamente por la recurrida. Aunado a esto, en base al ordinal 4to del artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, debió también expresar la norma que el tribunal de última instancia debió aplicar y no aplicó para resolver la presente controversia. De donde deriva que el formalizante realizó ante esta Sala denuncias indeterminadas, creando dudas y confusiones a la misma, y colocándola en la difícil situación de descifrar lo que realmente desea delatar quien formalizó el presente recurso.

 

             En consecuencia se desecha la presente denuncia.

         

             Bajo las motivaciones expuestas, la Sala evidencia que en el

presente caso el formalizante no cumplió con los requisitos del artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, presentando un escrito que no corresponde a una adecuada técnica casacional, mezclando las denuncias y desaplicando la técnica que ha mantenido la Jurisprudencia de este Alto Tribunal, por lo cual deberá declararse perecido el presente recurso de casación conforme al artículo 325 del código de Procedimiento Civil. Así se decide.

jueves, 12 de septiembre de 2013

El Recurso por Abstención o Carencia

El Recurso de Abstención o Carencia se extiende a cualquier incumplimiento  de la administración pública, incluye las acciones genéricas y específicas, y en los casos en los cuales opera el silencio administrativo.
El silencio administrativo opera cuando la administración publica se abstiene de responder una solicitud del administrado o contribuyente dentro del lapso determinado previamente en la Ley, y por analogía  opera cuando la administración deje de cumplir un acto al cual esta obligada.
El silencio administrativo supone el incumplimiento por parte de la Administración de un deber contemplado en la Ley, - artículos 4,91 y 93 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos- sobre una petición o recurso en el lapso que corresponda, de tal manera que el silencio permita considerar que la administración no cumplió con su decisión de decidir sobre lo solicitado.
En el caso en que un órgano de la Administración no resolviere un asunto o recurso dentro de los lapsos correspondientes, se considera que ha resuelto negativamente, por lo que el interesado podrá intentar el recurso inmediato siguiente, o interponer el recurso por abstención o carencia, para obligar a la administración a decidir.
Por lo tanto el recurso de abstención o carencia es el medio idóneo para tutelar la omisión del deber de dar una oportuna y adecuada respuesta, y así lo ha considerado en sentido vinculante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia
 


jueves, 23 de mayo de 2013

INCONGRUENCIA NEGATIVA


Al ejercer un Recurso de Casación el formalizante debe tener claro el concepto de la incongruencia negativa, el supuesto de procedencia de la denuncia es el siguiente:
La incongruencia negativa, se verifica cuando se omite total referencia y análisis en cuanto a alegatos o defensas que, aunque no aparezcan contenidos en la demanda o en su contestación, pudieran tener influencia determinante en la suerte del proceso.

 

 

martes, 7 de mayo de 2013

Incumplimiento de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo

El patrono tiene el deber de proveer a los trabajadores de todos los elementos de seguridad que sean necesarios para preservar su vida y su salud contra todo los riesgos del trabajo y de instruir y capacitar a los trabajadores respecto a las prevención de accidentes. El incumplimiento de estas obligaciones supone la creación de un riesgo no permitido hacia el trabajador, y si el trabajador alega el incumplimiento de estas obligaciones, al afirmar un hecho negativo, corresponde al patrono la  carga de probar las conductas positivas que excluyen el hecho negativo alegado por el trabajador, no bastando por lo tanto que el patrono se limite a alegar en forma absoluta que incurre en tales incumplimientos.
Esto aunado al deber impuesto por el reglamento de la Ley de notificar al trabajador de los riesgos en que puede incurrir hace suponer que el patrono actúa a sabiendas que los trabajadores corren peligro en el desempeño de sus labores, y en caso de que este riesgo se materialice por no cumplir las disposiciones contenidas en la ley, hacen procedentes las indemnizaciones que se establecen en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo.

martes, 12 de marzo de 2013

SALARIO PARA EL CALCULO DE LAS UTILIDADES

Es Doctrina de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, que las utilidades del trabajador se calcularan con base al salario promedio devengado en el año en que se produce el derecho a cobrar las utilidades, por lo tanto el calculo de las utilidades tomando como fundamento el último salario devengado por el trabajador es improcedente.
Es decir, si un trabajador al cierre del ejercicio fiscal anual del empleador, devenga un salario mayor al que devengó en los meses anteriores al que ganaba para el mes en que se le van a liquidar definitivamente las utilidades, no deben calcularse las utilidades con base a este ultimo salario, sino que debe promediarse el salario entre los meses anteriores, es decir lo devengado en todo el año o desde el momento en que entró a trabajar en la empresa, y el resultado promediado será el salario con base al cual han de calcularse y pagarse las utilidades.